La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, denuncia el retraso de hasta dos meses de algunos ayuntamientos en conceder ayudas de emergencia social, destinadas a comida, ropa o vivienda. La enmienda propone la modificación de un solo artículo de la Ley General de Subvenciones de forma que esas ayudas de urgente necesidad a personas y familias para remediar necesidades básicas no tengan carácter de subvención. Así, se podrían reducir los procedimientos que llegan a retrasar semanas estas ayudas que muchos ayuntamientos han incrementando un 30%, pero son imposibilitadas para muchas personas por «la rigidez de la intervención municipal», argumenta la iniciativa. Son más de tres millones de personas sufren carencias materiales graves. El Ministerio de Derechos Sociales recuerda que en 2021 se incrementó el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales -destinado a ayuntamientos- hasta 100 millones de euros, permitiendo a las instituciones locales mejorar sus ayudas, aunque «el injustificable retraso en distribuir ese crédito, lo ha hecho, en la práctica, inutilizable».
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